Con la ley, la Legislatura puntana abrió un frente de batalla con el Estado nacional. El argumento de Rodríguez Saá es cederle las 75 mil hectáreas a la comunidad originaria huarpe. Parques Nacionales pedirá a la Corte una medida cautelar.
Con 26 votos a favor y 8 en contra, la Cámara de Diputados de San Luis convirtió en ley la expropiación del Parque Nacional Sierras de las Quijadas con la intención, según expresa la ley, de “restituir” esas tierras al pueblo originario huarpe. La iniciativa, que ya contaba con la conformidad del Senado de la provincia, establece que el parque seguirá “manteniendo el status jurídico de área natural protegida”, pero ya no será administrado por Parques Nacionales, sino por el pueblo huarpe de San Luis.
Los cuestionamientos no tardaron en llegar. El jefe de Gabinete de Parques Nacionales, José Manuel Ubeira, consideró que la ley “es un verdadero despropósito” y adelantó a Página/12 que cuando se promulgue la ley, “iremos a la Corte Suprema de Justicia y solicitaremos una medida cautelar”.
“Se puso en el medio al pueblo huarpe para crear un conflicto entre la provincia y el Estado nacional. La intención política de la medida habría que preguntársela al gobernador (Alberto Rodríguez Saá)”, lamentó el funcionario de Parques Nacionales.
En cambio, para Pascuala Carrizo Guanquinchay, jefa del Programa Culturas Originarias del gobierno de San Luis, este desenlace era el esperado por la comunidad huarpe local. La funcionaria destacó el trabajo por la “devolución de las tierras que ancestralmente ocupamos”.
La norma, sancionada el miércoles por la noche, declara “de utilidad pública y sujetos a expropiación los derechos cedidos al Estado nacional, mediante convenio celebrado entre el gobierno de la provincia de San Luis y la Administración de Parques Nacionales”, en relación con las propiedades del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. El destino de esas tierras, según lo determina la ley, es que “se restituyan a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis, para la preservación y manejo sustentable de dicha región”.
La discrepancia estuvo presente dentro y fuera del recinto: la oposición reclamaba respetar los pactos con la Nación y la preservación del Parque Nacional, mientras que el oficialismo apoyó la expropiación. El gobernador Rodríguez Saá señaló que la ley constituye una “decisión trascendental”, que marcará “un antes y un después” en el reconocimiento a las culturas originarias.
Desde Parques Nacionales “estamos verdaderamente sorprendidos”, expresó su jefe de Gabinete: “En primer lugar, porque una ley provincial no puede ir en contra de una de carácter nacional. Pero, además, lo paradójico de esta iniciativa es que el hermano del actual gobernador, hoy senador nacional –Adolfo Rodríguez Saá–, fue el que firmó el decreto facilitando la creación de este Parque Nacional, al que luego se le anexaron otros terrenos por un importante monto, alrededor de cuatro millones de dólares. Después vino la ley nacional” que cerró formalmente la creación del parque.
“La creación ha cumplido con todos los requisitos y lo único que falta es que el gobernador firme la escritura de dominio del parque”, aseguró Ubeira. Justamente, para el funcionario, esta iniciativa “es la consecuencia de nuestra intimación, a través del escribano general de la Nación, para que el gobernador firme” la escrituración. Una vez promulgada la ley, “iremos a la Corte Suprema de Justicia a solicitar una medida cautelar. Ahora es un tema de carácter judicial”, informó.
El Parque Nacional Sierra de las Quijadas, con una extensión de 75 mil hectáreas, se creó en 1991 y se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad de San Luis, ubicado entre el departamento Belgrano y Ayacucho. Estas tierras pasarían a manos del pueblo huarpe, según la ley. Por esa razón, Guanquinchay se manifestó “muy feliz” y aseguró que trabajará “en conjunto con las otras comunidades de la región que tienen perdidos los derechos que nosotros recuperamos”, en referencia a sus vecinos de Mendoza y San Juan.
En relación con este punto, Ubeira manifestó que “respetamos los derechos de los pueblos originarios, pero en realidad no estábamos enterados de ningún reclamo fehaciente de alguna comunidad sobre estas tierras”. Además, “la administración busca que a este lugar pueda acceder cualquier ciudadano”, aseveró.
“Se puso en el medio al pueblo huarpe para crear un conflicto entre la provincia y el Estado nacional. La intención política de la medida habría que preguntársela al gobernador (Alberto Rodríguez Saá)”, lamentó el funcionario de Parques Nacionales.
En cambio, para Pascuala Carrizo Guanquinchay, jefa del Programa Culturas Originarias del gobierno de San Luis, este desenlace era el esperado por la comunidad huarpe local. La funcionaria destacó el trabajo por la “devolución de las tierras que ancestralmente ocupamos”.
La norma, sancionada el miércoles por la noche, declara “de utilidad pública y sujetos a expropiación los derechos cedidos al Estado nacional, mediante convenio celebrado entre el gobierno de la provincia de San Luis y la Administración de Parques Nacionales”, en relación con las propiedades del Parque Nacional Sierra de las Quijadas. El destino de esas tierras, según lo determina la ley, es que “se restituyan a sus ancestrales y originarios pobladores, el Pueblo Nación Huarpe de San Luis, para la preservación y manejo sustentable de dicha región”.
La discrepancia estuvo presente dentro y fuera del recinto: la oposición reclamaba respetar los pactos con la Nación y la preservación del Parque Nacional, mientras que el oficialismo apoyó la expropiación. El gobernador Rodríguez Saá señaló que la ley constituye una “decisión trascendental”, que marcará “un antes y un después” en el reconocimiento a las culturas originarias.
Desde Parques Nacionales “estamos verdaderamente sorprendidos”, expresó su jefe de Gabinete: “En primer lugar, porque una ley provincial no puede ir en contra de una de carácter nacional. Pero, además, lo paradójico de esta iniciativa es que el hermano del actual gobernador, hoy senador nacional –Adolfo Rodríguez Saá–, fue el que firmó el decreto facilitando la creación de este Parque Nacional, al que luego se le anexaron otros terrenos por un importante monto, alrededor de cuatro millones de dólares. Después vino la ley nacional” que cerró formalmente la creación del parque.
“La creación ha cumplido con todos los requisitos y lo único que falta es que el gobernador firme la escritura de dominio del parque”, aseguró Ubeira. Justamente, para el funcionario, esta iniciativa “es la consecuencia de nuestra intimación, a través del escribano general de la Nación, para que el gobernador firme” la escrituración. Una vez promulgada la ley, “iremos a la Corte Suprema de Justicia a solicitar una medida cautelar. Ahora es un tema de carácter judicial”, informó.
El Parque Nacional Sierra de las Quijadas, con una extensión de 75 mil hectáreas, se creó en 1991 y se encuentra a 120 kilómetros de la ciudad de San Luis, ubicado entre el departamento Belgrano y Ayacucho. Estas tierras pasarían a manos del pueblo huarpe, según la ley. Por esa razón, Guanquinchay se manifestó “muy feliz” y aseguró que trabajará “en conjunto con las otras comunidades de la región que tienen perdidos los derechos que nosotros recuperamos”, en referencia a sus vecinos de Mendoza y San Juan.
En relación con este punto, Ubeira manifestó que “respetamos los derechos de los pueblos originarios, pero en realidad no estábamos enterados de ningún reclamo fehaciente de alguna comunidad sobre estas tierras”. Además, “la administración busca que a este lugar pueda acceder cualquier ciudadano”, aseveró.
Página/12
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