10 de noviembre de 2010

Algo de no creer....

Aunque no se pueda creer... el edificio que se encarga de juzgar y sancionar las faltas sobre medio ambiente en Capital, cuenta con materiales contaminantes dento de su dependencia ¡Qué contradicción!

Este edificio del gobierno porteño, está construído con un techo de chapa de fibrocemento, el mismo contiene amianto, un material altamente contaminante prohibido para las construcciones por los efectos que causa en la salud de las personas. Esto no es todo, en este lugar trabajan alrededor de 1500 empleados y además cuenta con atención al público; ya se comenta que uno de los empleados cuenta con problemas de salud, que podría asociarse a la asbestosis.

El edificio pertenece a la Agencia Gubernamental de Control y está ubicado en Presidente Perón 2933, frente a estación Plaza Miserere. Perteneció a una antigua fábrica y fue reciclado para el funcionamiento de la Unidad Administrativa de Faltas Especiales y la Dirección de Seguridad e Higiene Alimentaria, entre otras dependencias.

Un examen realizado por técnicos del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI) confirma la presencia de asbesto (amianto) y recomienda la remoción de todo el techo. La denuncia formulada por los trabajadores llegó a la Defensoría del Pueblo y a las autoridades de la AGC, que por ahora analizan el problema en busca de una solución.

Una situación similar fue detectada en la Unidad Administrativa de Control de Faltas, en el primer piso del Edificio del Plata, en Carlos Pellegrini 211, donde los cielorrasos están hechos con amianto, según se comprobó en otra actuación que instruye la Defensoría del Pueblo porteño. “Este caso tiene el agravante de que al haber una filtración de agua, el cielorraso está húmedo, se desmenuza y pierde partículas que son nocivas para la salud”.

El edificio de la calle Perón está habilitado para la atención al público desde 2008, alberga todas las dependencias vinculadas con los controles y sanciones de faltas, intensificadas después de la tragedia de Cromañón.

Nadie había alertado acerca de la presencia de un material contaminante hasta febrero de este año, cuando un infractor, tras agotar los argumentos en su defensa, contraatacó advirtiendo a la controladora actuante que en ese lugar también se vulneraban las normas ambientales con el uso de chapas de fibrocemento, con un componente contaminante, de uso prohibido.

Casi en simultáneo, aparecieron problemas de salud que afectaban a una de las personas que trabajan en el lugar, que podrían asociarse con la asbestosis, una enfermedad pulmonar causada por la inhalación de fibras de asbestos. A partir de ese momento, se disparó el reclamo, que en un principio se hizo por vía administrativa y al final llegó a la Defensoría del Pueblo.

Desde que comenzó a funcionar allí la AGC, en agosto de 2008, el lugar está en permanente remodelación y, según comentan los empleados, los trabajos no se hacen con las medidas de seguridad recomendadas para la manipulación del amianto. El estudio realizado por el INTI en agosto de este año comprobó que en la cubierta del lugar “existen chapas de fibrocemento que poseen en su masa cementicia fibras de asbesto variedad crisotilo”.

El uso de esa sustancia está prohibido por una resolución del Ministerio de Salud de la Nación, dado que “existen pruebas científicas concluyentes de los efectos carcinogénicos de la exposición al asbesto o amianto”. La resolución 831/01 cita en sus fundamentos un texto de la Organización Mundial de la Salud de 1998, donde se establece que “es imposible establecer niveles mínimos de exposición seguros” al amianto. Además del uso, la resolución de 2001 prohibió “en todo el territorio del país la producción, importación, comercialización y uso de fibras de asbesto variedad crisotilo y productos que las contengan a partir del 1° de enero de 2003”.

El informe del INTI, que tiene fecha del 30 de agosto, recomienda “el retiro total y completo de aquellos materiales con asbesto y su reemplazo”. También sostiene que la “extracción de materiales con presencia de asbesto debe ser realizado por una empresa especializada y autorizada por el organismo competente”, la cual deberá “presentar para su aprobación, previo a iniciar los trabajos, un plan de retirada de amianto/asbesto” que considere, entre otros puntos, “medidas preventivas para limitar la generación y dispersión de fibras de asbesto”.

La Defensoría del Pueblo está elaborando, a partir de la denuncia, una resolución que está a punto de ser firmada por la titular del organismo, Alicia Pierini. “Pedimos al Laboratorio de Ensayos de Materiales del Gobierno de la Ciudad que analicen las chapas del techo del edificio de Perón, pero nos dijeron que no podían hacer los estudios por falta de insumos y de tecnología. Incluso argumentaron que no tenían resmas para fotocopiar las normas IRAM”.

Fuente: Página/12

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